inSurGente.- La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale supera todas las cotas, pero no es un fenómeno nuevo. El Estado ya mandó a toda la Mesa Nacional a la cárcel por divulgar la Alternativa Democrática en 1997, y replicó con la ilegalización a la Propuesta de Resolución Democrática tras el fin del proceso de Lizarra, cinco años después. El objetivo actual se llama Propuesta de Marco Democrático. Hagan clic en "Leer más" para ampliar la información.
Gara (Gari Mujika).- «La inquisición y el franquismo han vuelto a nuestros días para anular la opción independentista. Pero no váis a poder con nosotros. Aunque encarceléis a compañeros independentistas, somos miles los que estamos dispuestos a seguir con el trabajo político, y remarcamos, político, de la izquierda abertzale». Con un símil seguido de una afirmación tajante, la representación de electos independentistas que compareció ayer tarde en Donostia denunció el último episodio de la oleada represiva del Gobierno español ejecutado, una vez más, por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Batasuna también extrajo su conclusión del envite represivo: «El Ejecutivo español ha declarado la guerra contra la izquierda independentista vasca y ha impuesto un estado de excepción en Euskal Herria».
La juntera independentista por Bizkaia Arantza Urkaregi remarcó, en la comparecencia de Donostia, que las últimas detenciones son un episodio de una cadena de hechos que, por su gravedad, imponen el estado de excepción en este país.
Una situación que tildó de «insostenible» y que requiere una respuesta «contundente», acorde al tamaño de la agresión que padece Euskal Herria. Unos ataques que están llevando a que, por ejemplo, las prisiones españolas y francesas hayan llegado a una de las cotas más altas de vascos encarcelados.
«Prohibición a Euskal Herria»
Sin ceñirse exclusivamente en el hecho de la detención de catorce vascos, Urkaregi afirmó que el objetivo principal de esta estrategia represiva es «prohi-bir a Euskal Herria emprender el camino hacia un nuevo marco democrático, hacia la independencia».
«Aunque el PSOE quiere demostrar que es el más fuerte de los fuertes, queda en evidencia la debilidad política del Gobierno español. Lo único que oferta a Euskal Herria es más represión y la Constitución española», prosiguió la política vizcaina, quien, acto seguido, puso la atención sobre las formaciones políticas «que se dicen vascas».
Urkaregi puso un especial énfasis al afirmar que estos ataques contra el independentismo vasco cuentan con la «permisividad» de partidos como PNV, NaBai y Aralar. Y como botón de muestra trajo a colación la actuación de la Ertzaintza el domingo en Bilbo.
Reproches a PNV, NaBai y Aralar
En este punto, la electa independentista quiso responder a las palabras del presidente del GBB, Joseba Egibar, quien dijo al hilo de lo acontecido en la marcha de Bilbo que el PNV cumple la ley y las órdenes.
«El PNV siempre dice amén a Garzón», reprochó Urkaregi al político guipuzcoano, agregando que la oferta jeltzale a Euskal Herria no es otra que el encaje del país en el Estado español «para defender sus poltronas y sus negocios».
Con la perentoria necesidad «de decir stop, basta ya a este estado de excepción», los cargos electos independentistas emplazaron a la ciudadanía vasca a que secunde la huelga general que ha convocado la izquierda abertzale para este jueves, día 14, y enviar así también a Madrid el mensaje de que «no nos váis a parar».
Además de remarcar que a pesar de los arrestos «somos miles los que estamos dispuestos a seguir con el trabajo político de la izquierda abertzale», los comparecientes insistieron en el «razonamiento baldío» de los envites del Estado español, ya que, a su juicio, «la fuerza de la izquierda abertzale reside en el pueblo». Y por eso mismo, porque el arraigo del proyecto independentista no varía según las doctrinas españolas, Arantza Urkaregi volvió a asegurar que esa opción estará en las urnas en los comicios españoles del próximo 9 de marzo para reclamar un marco democrático para Eus- kal Herria, para exigir sus derechos nacionales y para «votando por la independencia, levantar una barricada en contra de las agresiones».
«¿Hasta cuándo?»
En parecidos términos denunció Batasuna la última redada policial que, a su juicio, deja patente que «el Ejecutivo español ha declarado la guerra contra la izquierda independentista vasca y ha impuesto un estado de excepción en Euskal Herria».
«¿Hasta cuándo váis a permitir que el PSOE siga con todo esto? ¿Váis a seguir siendo colaboradores directos de estos ataques?», fueron las preguntas que dirigió a PNV, EA, NaBai y Aralar. Fuerzas políticas «cómplices», a juicio de la formación abertzale, de la estrategia que dirige el PSOE para «acallar la Propuesta para un Marco Democrático que la izquierda abertzale ha puesto encima de la mesa, para cerrar así las puertas a la independencia».
«Estamos pagando nuestra negativa a entrar por el aro de la Constitución, nuestra firmeza y dignidad en la defensa del derecho a la independencia como opción de futuro de este país», prosiguió Batasuna en un comunicado de prensa, en el que, a renglón seguido y de forma tajante, afirmó que «no les vamos a dejar vender a Euskal Herria, vamos a seguir trabajando y luchando hasta llevar a este pueblo la independencia».
La reacción del grupo parlamentario Ezker Abertzalea sobre el operativo policial dirigido in situ por Garzón fue en la misma dirección que la de Batasuna y los cargos electos: el Ejecutivo español, de la mano del PSOE, ha puesto en marcha «el estado de excepción en Euskal Herria».
El grupo parlamentario censuró que el tripartito de Lakua se haya posicionado «contra el derecho a decidir que tanto reivindica» el país, «adoptando una férrea posición de vasallaje con Madrid». Como botón de muestra citó «su inestimable ayuda» el domingo en Bilbo, de la mano de la Ertzaintza.
Agregó que la actuación represiva del PSOE «sólo acarrea profundizar en el conflicto político» y le advirtió que «debe tener muy claro que no van a conseguir silenciar a la izquierda abertzale, máxime viendo que en Euskal Herria está muy arraigado que todas las opciones políticas deben tener los mismos derechos, incluida la de la independencia».
La democracia española
Askatasuna se refirió a las detenciones practicadas ayer por la Policía española como «un paso más dentro del plan represivo del Estado español».
Un diseño que recoge redadas como ésta y que, para Askatasuna, «demuestra la calidad de la democracia española», cuyas cualidades son, a su juicio, «la tortura, el encarcelamiento de representantes políticos, ilegalizaciones y la restricción de derechos de reunión y manifestación». Unas característicad que aumentan «gracias a la ayuda de PNV y NaBai, aliados de los estados represores» contra el independentismo.
LAB convoca a movilizarse el jueves
Gara (M. Eizmendi).- Más de una veintena de integrantes del Comité Nacional de LAB comparecieron ayer tarde para valorar la situación política en Euskal Herria y convocar manifestaciones y concentraciones en todas la localidades de Euskal Herria el jueves al mediodía. El sindicato abertzale considera «necesario reflejar la denuncia de los trabajadores y trabajadoras ante estas decisiones políticas a través de instrumentos democráticos como la huelga y la movilización» y, paralelamente, «reforzar nuestra exigencia de un cambio político que, desde el respeto a la voluntad de la sociedad en todos los territorios vascos, abra las puertas a todos los proyectos políticos, incluida la independencia».
LAB entiende que la decisión de suspender las actividades de EHAK y ANV, unida a la apertura del procedimiento de ilegalización contra ambas formaciones, culmina «un largo proceso de persecución y criminalización» impulsado por el Gobierno del PSOE en esta legislatura. «Todas las imputaciones están relacionadas con la actividad pública de personas y grupos políticos. Así pues, la vulneración de derechos civiles y políticos se está planteando con total arbitrariedad y en base a justificaciones, intereses y necesidades políticas», alertó. Tras «esta ofensiva antidemocrática y antijurídica» se sitúa, en su opinión, el pulso político de fondo que vive Euskal Herria tras «el agotamiento del marco autonómico vigente en los cuatro herrialdes». «El Estado español -prosiguió- es consciente de la fase en que nos encontramos, un tránsito entre dos ciclos políticos: uno terminado, agotado; y otro que no termina de abrirse, definirse y que el PSOE y el PP, cada uno a su estilo, pretenden frenar y condicionar su evolución».
AB, Batasuna, EA y LCR se concentrarán en Baiona
Gara (A.M.).- Representantes de AB, Batasuna, EA y LCR-Pays Basque convocaron ayer una concentración para el jueves a las 18.30 ante la sede del Consulado español en Baiona para protestar por los procesos de ilegalización de EAE-ANV y EHAK y por las últimas detenciones.
Mertxe Colina, Xabi Larralde, Manex Pagola y Jean Haïra denunciaron los últimos acontecimientos, que calificaron de «extremadamente graves» e «inaceptables ya que violan derechos democráticos básicos de miles de personas». Subrayaron que no se trata de «hechos aislados» y los enmarcaron en la «estrategia represiva global que está instaurando un verdadero estado de excepción».
Tras recordar varios ejemplos de lo avanzado (los procesos contra Jarrai, Haika y Segi, el 18/98, «Egunkaria», Askatasuna...), remarcaron que la represión alcanza también a Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Por no hacer referencia más que a las operaciones más recientes, citaron los arrestos en torno al local Kalaka de Donibane Garazi, los de los agricultores en el caso del caserío Kako y los últimos de los militantes Jacques Morio y Jean-Noel Etxeberri.
Los comparecientes, que se mostraron «enfadados y muy preocupados» por el cariz que están tomando las cosas, rememoraron las palabras que el propio general De Gaulle pronunciara tras la liberación ante el comandante Kepa Ordoki, miembro de ANV, prometiéndole mientras le condecoraba que «Francia no olvidaría nunca lo que los vascos habían hecho por ella». «Pues, gracias donde esté, general», añadió Colina.
A continuación procedieron a la lectura de un documento consensuado en el que, tras dejar sentado que en «Euskal Herria existe un conflicto de carácter político», consideran indispensables los mínimos recogidos en el Acuerdo Democrático de Base para llegar a una solución. Es decir, que todos los ciudadanos de Euskal Herria deben ser consultados sobre su futuro.
«Para la resolución todos somos necesarios, pero de nuevo quieren dejar sin derechos a miles de ciudadanos. Treinta años más tarde, estas actuaciones nos recuerdan al franquismo», añadieron, al tiempo que apelaban al Estado español a «abandonar las vías represivas» y le preguntaban «cuándo se terminará la sombra del franquismo».
Tres propuestas, tres generaciones a la cárcel
Gara (Ramón Sola).- En la hemeroteca se encuentran detalles que reflejan la evolución del mapa político de un país: hace ahora ocho años todos los partidos arremetían contra el anuncio de HB de que no concurriría a las elecciones estatales. Salvo alguna rara excepción, la mayoría de los portavoces le reclamaban que hiciera política, también en Madrid. Hoy día, y con el asentimiento general, el Estado español actúa justo en sentido contrario, para taponarle cualquier vía de acción política (y con el objetivo añadido y a corto plazo de impedirle el retorno a las Cortes españolas).
La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale se resume en tres capítulos de intensidad creciente. Primero fue la encarcelación de la Mesa Nacional; más tarde, la ilegalización y el cierre de sedes; ahora, el envío a prisión de decenas de personas, «los de ahora y los que vengan» en pa- labras del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Son tres embates en algo más de una década que coinciden de modo casi mimético con las tres propuestas de resolución puestas en la mesa por los independentistas en este periodo. Sus nombres: Alternativa Democrática, Propuesta de Resolución Democrática y Propuesta de Marco Democrático.
La autodeterminación, «ilegítima»
Existe toda una línea de discurso generalizada pero errónea que atribuye el inicio de esta ofensiva al PP y sitúa al PSOE como mero continuador. Lo cierto es que fue el Gobierno de Felipe González, con Baltasar Garzón como punta de lanza, quien abrió esta vía de acción haciendo detener el 21 de febrero de 1996 a Jon Idigoras, como representante legal de HB. La Policía llevaba varios días a la caza y captura de un vídeo en el que ETA explicaba la propuesta patentada un año antes y que introducía con claridad el concepto de «dar la voz al pueblo» como fórmula de solución. La Mesa Nacional asume la difusión pública de esa propuesta como «un acto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero también como una obligación política ante un pueblo necesitado de democracia». Tan peligrosa debía ser la iniciativa que Garzón cifró la libertad de Idigoras en 300 millones de pesetas en un primer momento. Cuando fue rebajada a cinco millones y salió a la calle, el histórico militante ya fallecido sentenciaría que «yo estoy libre, pero mi pueblo sigue preso».
El proceso judicial sigue adelante y la Mesa Nacional al completo (23 dirigentes) será juzgada en el Tribunal Supremo español en otoño de 1997. Es una imagen nunca vista. En realidad, lo que se sienta en el banquillo no es una dirección política, sino una propuesta política: no la Mesa Nacional, sino la Alternativa Democrática. Así lo admite el fiscal en su alegato, cuando alude a la «ilegitimidad» de la demanda de autodeterminación por afectar a la «indisoluble unidad de la nación española». La condena, más cantada todavía tras la ofensiva que sigue a la muerte del concejal Miguel Angel Blanco a manos de ETA, no tarda en llegar: a los mahaikides se les aplican siete años de cárcel.
Tras año y medio entre rejas, esta generación queda libre en julio de 1999 al admitir parcialmente su recurso el Tribunal Constitucional español, por motivos de forma y no de fondo. Para entonces, una nueva época se había abierto en el país de la mano del Acuerdo de Lizarra-Garazi, basado precisamente en el concepto de «dar la palabra al pueblo» y al que habían terminado de dar forma los sustitutos de los encarcelados.
«La ofensiva final» que no lo era
Corre el año 2002 cuando el Estado vuelve a poner a la dirección política de la izquierda abertzale en su diana. La ofensiva lleva entonces el liderazgo del PP, pero con el soporte acrítico del PSOE a través del Pacto impulsado por su nuevo líder -José Luis Rodríguez Zapatero- dos años antes. Y supone un salto porque incluye una medida nunca ensayada: la ilegalización.
La ofensiva se termina de perfilar de forma acelerada tras constatarse que Batasuna ha superado el batacazo producido por el fin de Lizarra-Garazi y ha presentado una nueva iniciativa que es leída por el resto de agentes como posibilista y más factible. Entre otras cosas, introduce el concepto de que «hay que diferenciar la paz de los proyectos políticos», pone el acento en la necesidad de «respetar la pluralidad» y sitúa la clave de bóveda de la paz futura sobre la cuestión del derecho de autodeterminación.
La respuesta del Estado llega, por contra, en los términos más gruesos posibles, con una virulencia no conocida hasta entonces. El juez Garzón, de nuevo protagonista, acusará a la izquierda abertzale de «practicar la limpieza étnica» y de «crímenes contra la Humanidad»; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, presentará sus demandas de ilegalización afirmando que va a liberar a los vascos «de los nazis».
La suspensión de actividades de agosto se calienta desde abril, con las primeras once detenciones del denominado 35/02 o «sumario de las herrikos». Sólo han pasado tres meses desde que se ha puesto sobre la mesa la Propuesta de Resolución Democrática. Le seguirían otras redadas durante los meses y años siguientes hasta completar cerca de 40 procesamientos ya confirmados hoy día y a la espera sólo de juicio.
Pero el epicentro de esta ofensiva es la ilegalización. Las declaraciones hechas en ese mes de agosto de 2002 dejan claro que sus impulsores no tienen duda de que constituirá el zarpazo definitivo la la izquierda abertzale: «Es el principio del fin» (José Bono, del PSOE); «Es el fin de la impunidad» (Leopoldo Barreda, del PP); «Batasuna no existe» (María Teresa Fernández de la Vega, del Gobierno español). Pero los hechos demostrarán que este sector, aun ilegalizado, mantendrá su capacidad de iniciativa. Lo explicaría así Arnaldo Otegi en 2005: «Somos ilegales, pero no clandestinos; hemos dado la cara siempre, hemos estado en la calle y hemos planteado iniciativas sin ocultarnos. Y hay una segunda parte de esa decisión que todavía no se le ha reconocido a la izquierda abertzale. Hay quienes dicen que Batasuna está ligada a la lucha armada y que para nosotros la utilización de la vía armada es prácticamente un tótem, y en ese momento para nosotros hubiera sido muy fácil hacer el discurso de que no había condiciones democráticas, que estábamos en la ilegalidad y que, por lo tanto, la única respuesta posible al Estado era la lucha armada. Y no lo hicimos. Mantuvimos una apuesta por la no-clandestinidad y por la lucha institucional y de masas».
Reuniones, charlas y entrevistas
De esta siembra saldrá un nuevo proceso de negociación, el desarrollado entre 2005 y 2007. Y tras su ruptura, como en 2002, una nueva acometida del Estado contra la dirección política de la izquierda abertzale, que ayer escribió su último capítulo hasta ahora.
La ofensiva bate récords en el número de detenciones y en la gravedad de las imputaciones: «integración» o «colaboración» en todos los casos, al amparo del aval logrado ya vía sentencias para la tesis del «todo es ETA». Pero, además, por vez primera desde el Estado no se esconde que el objetivo es el que fue también en 1997 y 2002: que deje de hacer política. Un mensaje que repite el ministro del Interior y que tampoco se oculta en los autos de Garzón: las órdenes de prisión se justifican en reuniones políticas, ruedas de prensa y entrevistas públicas.
Por si a alguien le quedaran dudas, el ataque se reactiva con más fuerza cuando la izquierda abertzale comienza a explicar lo ocurrido en Loiola y a difundir la Propuesta de Marco Democrático. El juez no tarda ni un día en ordenar detener a sus portavoces.
PSOE, PP Y psoe: cada vez más allá
1996-1997: El Gobierno de Felipe González, con Garzón como juez ejecutor, inicia una actuación contra la Mesa Nacional de HB para impedir la difusión de la Alternativa Democrática, propuesta de solución impulsada por ETA en 1995. La querella llevará a la condena de toda la Mesa Nacional por «colaboración» en 1997. Tras año y medio de cárcel, serían exculpados por el Constitucional español.
2002: El Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, pone en marcha una medida hasta ahora no ensayada: la suspensión primero e ilegalización después de la izquierda abertzale. Para sustentar el cierre de sedes, Garzón pone en marcha el sumario 35/02, que motivará varias redadas y el procesamiento final de unas 40 personas, entre ellas Arnaldo Otegi, Joseba Permach...
2007-2008: Como en 2002, el Estado español vuelve a recurrir a la cárcel como receta tras el final de un proceso de negociación frustrado. El nuevo salto lo acomete del Gobierno del PSOE y tiene como ingrediente principal el encarcelamiento masivo de dirigentes, en macrorredadas como la de Segura o la llevada a cabo ayer. Y supone también la ampliación de la ilegalización a ANV y EHAK.
Los bloggers vascos comienzan a movilizarse en la red bajo el lema "notimeforlove"
Varios bloggers vascos han hecho un llamamiento para que se emplee la etiqueta o tag "notimeforlove" en todas las comunicaciones que se hagan a través de internet, con el objetivo de denunciar la ilegalización de partidos en Euskal Herria, así como las últimas detenciones y casos de torturas. La movilización se ha concretado en un blog: http://notimeforlove-istimeforpeace.blogspot.com/
El eslogan está inspirado en una canción del mismo nombre de la mítica banda vasca Hertzainak y el seguimiento de la movilización virtual se puede hacer desde el buscador de blogs Technorati.
De esta manera, son ya varios los bloggers los que han publicado un post con el citado lema, en referencia a uno de los argumentos utilizados por los tribunales españoles para la suspensión de EAE-ANV, cuando la alcaldesa de Hernani dedicó un "maite zaituztegu" ("os queremos") a los represaliados políticos vascos.
Asimismo, miembros de la blogosfera euskaldun abogan por enviar una queja ante el Poder Judicial español, haciendo uso del formulario que con éste propósito se puede encontrar en el portal oficial de los juzgados y tribunales españoles.
La protesta virtual se hace eco también de las últimas denuncias de torturas por parte de ciudadanos vascos detenidos por la Guardia Civil. En este sentido, Torturaren Aurkako Taldea ha preparado un vídeo con el lema "nada ha cambiado", en el que se hace balance de las denuncias de tortura realizadas por ciudadanos vascos en 2007.
EAE-ANV también ha publicado un vídeo recientemente bajo el lema "Por encima de todas las ilegalizaciones, el pueblo unido jamás será vencido", que ha comenzado a reproducirse en diferentes sitios, ante el temor de que la web del partido ekintzale pueda ser objeto de censura en los próximos días.
**********
Recuerden que pueden enviar sus comentarios a inSurGente Redacción indicando en el asunto el título corto de la noticia o artículo de referencia.
Los publicaremos lo antes posible.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada