Día tras día asistimos a la noticia de muertes por accidentes de trabajo, cada vez más arrinconada en los informativos y jamás objeto de debate en los mayores instrumentos de manipulación masiva, los tertulianos. Estas noticias son algo incómodo que tiende a ocultarse pudorosamente y que jamás genera reconocimiento oficial, ni casi social, más allá de la solidaridad de los compañeros y compañeras.
La escalada de accidentes mortales de trabajo, y de todos los demás, a penas produce algo más que una declaración de los "agentes sociales", sin consecuencia práctica alguna que no sea el consabido, y más que jugoso, incremento de los fondos destinados a formación gestionados por patronal y sindicatos.
Cuando se sacralizan el mercado y la competitividad, y la tasa de paro es un indicador macroeconómico más, subordinado a otros objetivos como el control de la inflación, es políticamente incorrecto recordar que el desempleo, la precariedad y el conjunto de condiciones de trabajo, son causa directa de enfermedad y muerte prematura.
La mejor expresión de la esencia depredadora del capitalismo es la relación directa entre desigualdades sociales y condiciones de vida – la más importante de ellas es la situación laboral – , el nivel de salud y las probabilidades de morir.
Las sucesivas reformas laborales realizadas por los diferentes gobiernos desde la Transición, la primera de ellas se incluyó en los mismísimos Pactos de la Moncloa, han tenido como objetivo central hacer de la precariedad, es decir de la temporalidad, la inseguridad, el alargamiento escandaloso de la jornada de trabajo y los salarios de miseria, el elemento estructural de las relaciones de producción en nuestro país. Marx lo demostró y 150 años después, la realidad obcecada lo confirma: la correlación de fuerzas manda y cuando los "representantes" de los trabajadores han aceptado la filosofía del enemigo de clase, y no hay aún expresión organizada de la fuerza de la clase obrera, la derrota está asegurada.
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a pesar de que la palabra accidente expresa la idea de que se trata de algo fortuito e imprevisible, son perfectamente evitables, ya que por definición se producen mediante la realización de una actividad diseñada por el ser humano que puede revestir modalidades diferentes o, más aún, no realizarse si el daño que produce es importante. Es un problema de prioridades sociales: la salud o la plusvalía.
Más allá de los estremecedores datos generales que refejan que cada día mueren cuatro trabajadores por la falta de medidas de seguridad suficientes y cuarenta se lesionan gravemente por el mismo motivo, los hechos muestran que la desregulación, las subcontratas masivas, y la temporalidad, determinan el incremento de accidentes y enfermedades profesionales y condicionan el subregistro de los mismos.
Los datos son contundentes:
La temporalidad en el Estado español triplica la media de la Unión Europea y ocupa el vergonzoso primer lugar en siniestralidad laboral.
Los trabajadores y trabajadoras con contrato temporal sufren el 60% de los accidentes. El contrato temporal va unido a bajos salarios y larguísimas jornadas de trabajo, factores determinantes del riesgo de accidentes.
La extensión masiva de las subcontratas en general y, sobre todo, para la realización de actividades peligrosas, se refleja así: el 81,5% de los accidentes mortales se produce en empresas de menos de 100 trabajadores y el 70% en empresas con menos de 50.
Los accidentes se ceban en los más jóvenes. El 29% de las lesiones que conllevan baja laboral se producen en trabajadores menores de 24 años. En el grupo de edad de menores de 19 años, el 87% de los accidentes con baja laboral se produjeron entre los que tenían contratos temporales.
Todas los factores de riesgo, subcontratación, temporalidad y juventud se acumulan y se exacerban en el caso de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. A todo ello hay que añadir condiciones como el hacinamiento, viviendas en ocasiones infrahumanas, dificultad en la comprensión del lenguaje, nula formación, etc.
En el caso de las enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento tiene para el trabajador importantes consecuencias económicas, sociales y laborales, lo más significativo es que aún cuando se considera que un 25,4% de los trabajadores están expuestos a algún agente químico o físico peligroso, se calcula que sólo un 36% se identifican como tal.
El contacto con sustancias o agentes peligrosos tiene una relación directa con el cáncer. A pesar de que los escasos estudios epidemiológicos de mortalidad comparada reflejan incrementos significativos en determinadas zonas industriales, las actuaciones de la administración al respecto pueden calificarse de anecdóticas. La diferencia con las campañas contra el hábito de fumar, considerado una decisión individual, saltan a la vista, a pesar de que la intervención pública contra emisiones y vertidos peligrosos, y el control de su manipulación y exposición en el centro de trabajo tendría una eficacia práctica mucho más importante. Otra vez aparece, abrumadora, la dicotomía: salud o plusvalía, y la complicidad de las administraciones para priorizar esta última es clamorosa.
Es obvio reseñar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, que no contempla la intervención decisoria de la autoridad sanitaria en la empresa y que deja sin control a las pequeñas empresas, no altera ni un ápice un escenario de ley de la selva estructural en las relaciones de producción, que no ha hecho más que intensificarse, desaforadamente desde su aprobación. El cinismo con que se repite diariamente que la solución es la formación, en condiciones masivas de temporalidad contractual y cambio continuo sector de la producción entre los trabajadores precarios, tiene como única consecuencia práctica, como he dicho, llenar las arcas de la patronal y los grandes sindicatos.
La situación descrita bien puede calificarse de crimen organizado de la patronal contra los trabajadores, con la complicidad de gobiernos y sindicatos. Como la mafia, no tiene por objetivo la matanza, sino la consecución de beneficios, a cuyo objetivo no dudan en sacrificar la vida, la integridad física y la salud de quien haga falta. La única diferencia es que, en este caso, no se selecciona previamente la víctima. La cantidad de trabajadores y trabajadoras enfermos y muertos, que se repite y aumenta cada día, son sólo datos estadísticos que no merecen alterar ni un ápice el funcionamiento del sistema.
Mientras tanto, las muertes de mercenarios en misiones imperialistas de invasión de otros pueblos y no digamos los atentados de ETA – inclusive los que no producen víctimas - ocupan el primer plano de la actualidad y desencadenan una parafernalia mediática que, a duras penas oculta, su cada vez más escaso seguimiento por el personal de a pié, más allá de la consabida actuación de los cargos públicos, sus guardaespaldas y su clientelas.
Para dar una idea sintética de la realidad que se vive en el Estado español puede valer un último ejemplo. En febrero de este año el Tribunal Supremo sienta doctrina con una sentencia que admite la procedencia del despido de una trabajadora mientras estaba de baja laboral por enfermedad. Antes, en estas condiciones, el despido se consideraba nulo. A partir de ahora, entiende el "Alto" Tribunal que la "pérdida para la empresa del interés productivo en el trabajador" es un valor superior a proteger, por encima del derecho a la salud y al trabajo. Tal atrocidad tiene soporte legal: la reforma laboral de 1994, con gobierno PSOE, eliminó la prohibición expresa de despedir a un trabajador durante la baja laboral.
Esta noticia no tuvo eco en ningún medio de comunicación, salvo una pequeña reseña en el periódico gratuito 20 minutos. Como refleja Joaquín Arriola, las noticias de ese mismo día, 18 de febrero, en los grandes medios fueron las siguientes: "ETA hace estallar una bomba que causa grandes daños en los juzgados de Bergara" (El Correo), "Estalla una bomba ante la puerta de los juzgados de Vergara sin dejar víctimas" (El Mundo). "El PP regulará el uso del velo en la escuela y otros lugares públicos para no discriminar" (ABC). "Rajoy reformará la Ley de Igualdad para evitar el velo en las escuelas" (La Razón). "El PP restringirá el uso del velo en su "contrato" para los inmigrantes" (El País). "Rajoy recurre al miedo, Botín inspira confianza" (Público).
La penetración de la ideología dominante en la mente de la clase obrera a través de los grandes medios de comunicación (falsimedia), con su dosis masiva de tergiversación de la realidad, es vital para mantener la "paz social" en unas condiciones de previsible agudización de la lucha de clases.
La realidad que se avecina, en una situación de profunda crisis económica que apenas ha comenzado a apuntar, con despidos masivos, con el sistema de protección social y laboral reducido a mínimos, y con las cúpulas sindicales dispuestas a pactar lo que sea – y que serán nuevas reducciones de derechos y aumento de la "flexibilidad"- no augura más que nuevos desastres para la clase obrera.
La situación social puede producir estallidos de resultado incierto, si no conllevan la reconstrucción de la ideología y de la conciencia de clase, y se inscriben en nuevas alternativas organizativas que ya empiezan a gestarse.
Una buena noticia acaba de llegar. Los sindicatos CGT y ACTUB, que dieron soporte a la huelga ejemplar de los trabajadores de autobuses de Barcelona y que acabó con una gran victoria, han ganado las elecciones sindicales, han conseguido la mayoría en el comité de empresa y han barrido a CC.OO. y UGT que actuaron como esquiroles durante todo el conflicto.
Con todo el aparato mediático del poder en contra, no hay más alternativa que la lucha organizada que tiene como poderosa aliada la realidad misma que enfrenta la clase obrera y que desencadena en la lucha el enorme potencial de la conciencia de clase, y que es, en si misma, capaz de reducir a cenizas todo su aparato "informativo".
Para cambiar la correlación de fuerzas, única esperanza real, hay que enfrentar – desde nuevas _base_s – la reconstrucción del movimiento obrero.
