Antes de entrar en el análisis sobre las consecuencias del proyecto de traslado de La Española, hay que enfrentarse a una verdad dura pero incontestable: en estos tiempos de paro desbocado y de miseria creciente, hay amplios sectores de la ciudadanía alcoyana que estarían dispuestos a tragarse hasta la instalación de una central química en la Glorieta, con tal de que se crearan unos cuantos centenares de puestos de trabajo. El plan de la aceitunera para montar sus instalaciones en La Canal, avalado ahora por el Consell, coloca a los partidos alcoyanos de izquierdas ante una terrible disyuntiva: mantener la coherencia con sus programas electorales o dejarse llevar por la presión de una opinión pública atenazada por la crisis y escasamente receptiva con los matices ecológicos, que no les perdonaría nunca la marcha a Sevilla de esta emblemática empresa.
Hasta la fecha, los únicos que tienen las cosas claras son el PP y EU. Los populares (y los tránsfugas que les cuelgan) llevan años demostrándonos con hechos que la seguridad del acuífero del Molinar les importa un bledo y que les da absolutamente igual que en La Canal se instale una refinería de petróleo que una fábrica de gas sarín, siempre que ellos se puedan hacer la foto del día de la inauguración. En el extremo contrario, las gentes de Paco Agulló mantienen intacto su discurso de rechazo frontal e insisten en recordar que decenas de informes avalan que este paraje es incompatible con cualquier tipo de actividad industrial. La coherencia es un lujo que se puede permitir una formación política que se ha movido siempre en los territorios políticos minoritarios y que tiene muy claro que sus apoyos proceden de un segmento muy ideologizado de la población.
En los terrenos de la ambigüedad calculada se han colocado el PSOE y el Bloc, dos partidos cuyo concurso es vital para que prospere el proyecto de La Española y que se juegan en esta partida buena parte de su futuro político. Aunque ambas formaciones tienen tras de sí un largo e inequívoco archivo de declaraciones contrarias a La Canal, se enfrentan ahora con un baño de realidad, forzado por el órdago lanzado por la firma aceitunera. Socialistas y nacionalistas buscan desesperadamente estos días algún resquicio que les permita la imposible cuadratura del círculo: cumplir sus compromisos programáticos y quedar bien con los sectores del electorado que rechazan los proyectos industriales en la zona y simultáneamente evitar la fuga de una de las últimas industrias señeras que le quedan a Alcoy. De momento, parecen fiarlo todo a la incierta hipótesis de que, por arte de birli birloque, los nuevos estudios técnicos de la Generalitat digan justo lo contrario de lo que decían todos los documentos anteriores. Como último recurso, les queda también la posibilidad de acogerse a los tecnicismos de la declaración de Actuación Territorial Estratégica, para hacer un intento de eludir responsabilidades y de dejar todo el peso de la decisión en manos de la Generalitat.
Hay indicios más que sobrados para pensar que todo este embrollo terminará con La Española instalada en La Canal, con el PSOE gobernando con respiración asistida tras la marcha de EU y con miles de alcoyanos rogando al cielo para que la aceitunera cumpla las normativas en materia de vertidos, evitándonos así a todos el riesgo real de tener que ducharnos con botellas Fontvella. A medio plazo, sólo se perfila un beneficiario político de esta operación: el Partido Popular, que gracias a este proyecto industrial habrá conseguido clavar la estocada final en el agonizante gobierno de izquierdas de la ciudad.
Ante la llegada de lo inevitable, habría que preguntarse si estos acontecimientos se habrían desarrollado igual si La Española, en vez de encontrarse un gobierno débil, dividido y sin experiencia de gestión, se hubiera enfrentado con un Ayuntamiento fuerte, capaz de poner sobre la mesa una alternativa real a La Canal (un polígono perfectamente equipado en alguna de las innumerables zonas limpias ubicadas junto a la autovía) y de apretarle las tuercas a la empresa presionando con la recalificación de los terrenos de la Zona Norte. Nunca sabremos el resultado de esta negociación, por una razón muy simple: nunca se ha producido. La firma aceitunera se ha limitado a imponer su criterio y la corporación municipal ha actuado como un mero espectador, a pesar de que se trata de un tema en el que se juega con el futuro de todos los alcoyanos.
Hasta la fecha, los únicos que tienen las cosas claras son el PP y EU. Los populares (y los tránsfugas que les cuelgan) llevan años demostrándonos con hechos que la seguridad del acuífero del Molinar les importa un bledo y que les da absolutamente igual que en La Canal se instale una refinería de petróleo que una fábrica de gas sarín, siempre que ellos se puedan hacer la foto del día de la inauguración. En el extremo contrario, las gentes de Paco Agulló mantienen intacto su discurso de rechazo frontal e insisten en recordar que decenas de informes avalan que este paraje es incompatible con cualquier tipo de actividad industrial. La coherencia es un lujo que se puede permitir una formación política que se ha movido siempre en los territorios políticos minoritarios y que tiene muy claro que sus apoyos proceden de un segmento muy ideologizado de la población.
En los terrenos de la ambigüedad calculada se han colocado el PSOE y el Bloc, dos partidos cuyo concurso es vital para que prospere el proyecto de La Española y que se juegan en esta partida buena parte de su futuro político. Aunque ambas formaciones tienen tras de sí un largo e inequívoco archivo de declaraciones contrarias a La Canal, se enfrentan ahora con un baño de realidad, forzado por el órdago lanzado por la firma aceitunera. Socialistas y nacionalistas buscan desesperadamente estos días algún resquicio que les permita la imposible cuadratura del círculo: cumplir sus compromisos programáticos y quedar bien con los sectores del electorado que rechazan los proyectos industriales en la zona y simultáneamente evitar la fuga de una de las últimas industrias señeras que le quedan a Alcoy. De momento, parecen fiarlo todo a la incierta hipótesis de que, por arte de birli birloque, los nuevos estudios técnicos de la Generalitat digan justo lo contrario de lo que decían todos los documentos anteriores. Como último recurso, les queda también la posibilidad de acogerse a los tecnicismos de la declaración de Actuación Territorial Estratégica, para hacer un intento de eludir responsabilidades y de dejar todo el peso de la decisión en manos de la Generalitat.
Hay indicios más que sobrados para pensar que todo este embrollo terminará con La Española instalada en La Canal, con el PSOE gobernando con respiración asistida tras la marcha de EU y con miles de alcoyanos rogando al cielo para que la aceitunera cumpla las normativas en materia de vertidos, evitándonos así a todos el riesgo real de tener que ducharnos con botellas Fontvella. A medio plazo, sólo se perfila un beneficiario político de esta operación: el Partido Popular, que gracias a este proyecto industrial habrá conseguido clavar la estocada final en el agonizante gobierno de izquierdas de la ciudad.
Ante la llegada de lo inevitable, habría que preguntarse si estos acontecimientos se habrían desarrollado igual si La Española, en vez de encontrarse un gobierno débil, dividido y sin experiencia de gestión, se hubiera enfrentado con un Ayuntamiento fuerte, capaz de poner sobre la mesa una alternativa real a La Canal (un polígono perfectamente equipado en alguna de las innumerables zonas limpias ubicadas junto a la autovía) y de apretarle las tuercas a la empresa presionando con la recalificación de los terrenos de la Zona Norte. Nunca sabremos el resultado de esta negociación, por una razón muy simple: nunca se ha producido. La firma aceitunera se ha limitado a imponer su criterio y la corporación municipal ha actuado como un mero espectador, a pesar de que se trata de un tema en el que se juega con el futuro de todos los alcoyanos.
